El Pacte multará a los comercios que no utilicen el catalán

La normativa prevé sanciones de hasta 15.000 euros para los establecimientos que no rotulen ni empleen la lengua de las Islas en su trato con los clientes - Esta disposición fue aprobada el año 2001 por el primer Govern de Antich, el PP balear no la derogó, pero nunca fue aplicada por Matas.

Siguiendo la estela del Tripartito de José Montilla, el nuevo Govern del Pacte ha decidido desempolvar la Ley de Comercio impulsada por Pere Sampol en 2001 que prevé la imposición de multas de entre 1.500 y 15.000 euros a los establecimientos que no rotulen en catalán o no puedan atender a los clientes en esta lengua.

Esta Ley, que entró en vigor en enero de 2003, introdujo importantes novedades, como la moratoria en la apertura de grandes superficies y la limitación de los horarios comerciales a un máximo de 72 horas semanales, encaminadas a proteger a los pequeños establecimientos familiares.

Sin embargo, durante la pasada legislatura, la Conselleria de Comercio dirigida por Josep Juan Cardona dejó en cuarentena la aplicación de uno de sus apartados más polémicos, el dedicado a los «derechos lingüísticos de los consumidores».

Este capítulo establece que la rotulación tanto exterior como interior de todos los comercios de Baleares debe estar redactada, «al menos, en catalán». Además, las tiendas que tengan una plantilla de más de tres personas deben estar en condiciones de atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad, la que elija el cliente. Por tanto, están obligadas a tener al menos un dependiente que sepa hablar catalán.

Unas disposiciones -similares a las que están en vigor en Cataluña- que el anterior Govern de Jaume Matas no se atrevió a anular, pero que tampoco llegó a aplicar.

En rueda de prensa, la nueva directora general de Normalización Lingüística del Govern, Margalida Tous, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha nuevas líneas de subvenciones para que los comercios puedan rotular en catalán. Y una vez estén disponibles estas ayudas, señaló, se garantizará la aplicación del apartado de «derechos lingüísticos» previsto en la Ley de Comercios.

Es decir, que la Conselleria de Comercio, que dirige la también nacionalista Xisca Vives, pondrá en marcha la maquinaria para sancionar a las empresas que no cumplan con estos preceptos.

Esta decisión obligará a miles de establecimientos comerciales de Baleares a renovar todos sus rótulos y distintivos, así como a contratar personal (en caso que no lo tengan) que esté en disposición de atender al público en catalán.

Un esfuerzo especialmente engorroso para multitud de tiendas situados en los núcleos de la costa (muchas veces regentados por ciudadanos extranjeros) cuyo principal cliente es el turismo internacional.

Tras su aprobación, el Gobierno de José María Aznar recurrió ante el Tribunal Constitucional varios artículos de la Ley Sampol, especialmente la moratoria que pretendía impedir la construcción de grandes superficies comerciales y la limitación de los horarios a 72 horas semanales (la Administración central defendía un máximo de 90 horas). Pero en cambio, no impugnó el capítulo referido a la imposición del catalán en los comercios.

En la misma rueda de prensa ofrecida el pasado viernes, Margalida Tous y la consellera de Educación, Bárbara Galmés, dieron a conocer una batería de medidas para impulsar la presencia del catalán en todos los ámbitos de la esfera pública.

Durante la negociación del nuevo Pacte, tanto el Bloc como Unió Mallorquina aspiraban a hacerse con el control de la Conselleria de Educación que, finalmente, ha quedado en manos de la socialista Bárbara Galmés. Sin embargo, el PSOE aceptó repartir entre sus socios dos de los departamentos clave: el Bloc ha colocado a Margalida Tous al frente de la Dirección General de Política Lingüística, mientras que UM ha puesto a Sebastià Serra (destacado ex dirigente del PSM) en el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Por su parte, ERC ha designado a Cathy Sweeney como directora del Cofuc, que supervisa la pureza lingüística del catalán que se utiliza en IB3. De este modo, los partidos nacionalistas del Bloc están en situación de dictar la política lingüística del nuevo Govern.

LA NORMA

Letreros y etiquetado. El artículo 8 de la Ley, referido a los «derechos lingüísticos de los consumidores», establece que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los consumidores en los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, al menos, en catalán. Esta norma», añade, «no se aplica a las marca, a los nombres comerciales y a los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial».

Es decir, que la obligación no se hace extensiva a las marcas registradas, pero sí a todas las indicaciones genéricas que aparezcan tanto en los rótulos exteriores, como en la señalización interior y en los carteles que informen de los productos que se ofrecen al público: deben estar escritos «al menos, en catalán», como dice la propia Ley.

Atención al cliente. El artículo 8 también indica que «los consumidores tienen derecho a ser atendidos en alguna de las lenguas oficiales de Baleares y no podrán ser discriminados o atendidos incorrectamente por razón de la lengua oficial que usen». Y añade que en los establecimientos con una plantilla de más de tres empleados «los consumidores tienen el derecho de ser atendidos en la lengua oficial de Baleares que elijan». Por tanto, estos comercios deben tener al menos una persona en plantilla que sepa hablar catalán.

Las sanciones. Estas disposiciones quedarían en papel mojado si el Govern no pudiera imponer su cumplimiento mediante las correspondientes sanciones. El artículo 49 de la Ley tipifica como infracciones «graves» las «actuaciones que impidan o dificulten el ejercicio de los derechos lingüísticos [de los consumidores] reconocidos en esta Ley». Las multas previstas en este caso (artículo 53) oscilan entre los 1.501 euros y los 15.000 (casi dos millones y medio de las antiguas pesetas). Se trata del mismo castigo previsto, por ejemplo, para los comercios que vendan alcohol a menores, abran al público los domingos y festivos no autorizados o hagan publicidad engañosa de sus productos.

Fomento del catalán. Como declaración de intenciones, el mismo artículo señala que las Administraciones competentes «promoverán el uso progresivo de la lengua catalana en las actividades comerciales, así como también en los rótulos, símbolos y distintivos de los establecimientos comerciales de las Islas Baleares».

MIGUEL ANGEL RUIZ - EL MUNDO