Anticorrupción registra la empresa de un testaferro de Vicens y alto cargo de IB3

CASO SON OMS
Examina junto a Hacienda su domicilio, su asesoría fiscal y el piso de su madre
El Consell le pagó 1,7 millones tras haber cobrado parte de los 15% de Vicens

El cerco judicial que se cierne sobre Bartomeu Vicens se torna ya asfixiante. La Fiscalía Anticorrupción de manera conjunta con la Agencia Tributaria y la Policía Nacional registraron ayer el domicilio particular y la sede de la contratista pública de dos de los testaferros empleados por el portavoz de Unió Mallorquina (UM). Palmo a palmo los inmuebles del matrimonio al que Vicens recurrió 'por amistad' para recuperar durante los últimos años gran parte de las multimillonarias comisiones que pactó en los noventa a cambio de lograr la recalificación del polígono de Son Oms y que hasta hace poco obraban en poder del abogado Jaime Montis.

Una nutrida comitiva judicial liderada por el fiscal Pedro Horrach entró a media mañana en el chalé que el directivo de IB3 Alfredo Conde y su mujer Elisabeth Diéguez tienen en la urbanización de Puig de Ros (Llucmajor). Sorteó el ataque de ansiedad de esta empleada de la Tesorería de la Seguridad Social, que rompió a llorar, y los nervios del asesor de Antena de la televisión autonómica por designación expresa de UM, que se cubrió el rostro improvisadamente con un paraguas para evitar ser fotografiado. Los agentes judiciales inspeccionaron exhaustivamente el chalé y tras no toparse con lo que esperaban se dirigieron a los dos testaferros de Vicens: "Buscamos todas las facturas de la empresa Studio Media Comunicació".

La contabilidad de la entidad que facturó una ingente cantidad de dinero público al Consell de Mallorca que presidía durante la pasada legislatura quien años antes reconvirtió Son Oms de rústico a industrial: Maria Antónia Munar. Aquella que de manera discrecional y mediante contratos menores a lo largo de cinco años, tal y como reveló EL MUNDO/El Día de Baleares el pasado mes de junio, se llevó un total de 1,7 millones de euros públicos. Una empresa a la que la actual presidenta del Parlament balear encomendó, también a dedo, la gestión de la radio del Consell de Mallorca, Ona Mallorca, durante su mandato y que se disolvió meses después de estallar el escándalo de Son Oms.

La policía judicial y el fiscal Pedro Horrach escoltaron al asesor de Antena de la televisión pública que dirige UM y a su esposa por un recorrido que contó, entre sus primeras paradas, con la asesoría que ha llevado durante los últimos años la contabilidad de Studio Media Comunicació.

De esta empresa fueron intervenidos los ordenadores en los que se tramitaron las cuentas de esta sociedad. Sin embargo, el fiscal y los agentes judiciales no hallaron en esta parada los ansiados recibos y tras inspeccionar el domicilio y siguiendo indicaciones de Conde, la comitiva judicial acudió a la casa de su madre, situada en la calle San Joaquín de Palma. «La empresa se disolvió y creo que están allí», indicó Conde. Este último un inmueble, cabe recordar, albergó la sociedad fantasma Metalumba, a través de la que Vicens y su esposa cobraron comisiones aduciendo asesorías al Bufete Montis.

La ruta concluyó en la antigua sede social de Studio Media Comunicació, en el número 20 de la calle Ramón y Cajal, en la que se requisaron varias cajas repletas de documentación de una línea de investigación que pasa ineludiblemente por la propia Munar.

E.URREIZTIETA | J. RIERA | E. COLOM